Bolivia, a pesar de tener una legislación avanzada en
comparación con otros países, registra altos índices
de violencia contra las mujeres, lo que representa un
problema estructural arraigado en las desigualdades de
poder y las normas sociales y culturales que perpetúan
la discriminación y la subordinación de las mujeres. Para
abordar esta problemática, es fundamental adoptar un
enfoque integral que garantice el acceso a la justicia y a
servicios de apoyo para romper el ciclo de la violencia.